La ley federal de inmigración permite que los funcionarios federales rechacen tarjetas de residencia y visas si descubren que un solicitante probablemente se vuelva una “carga pública” –eso es, tradicionalmente, alguien incapaz de sustentarse a sí mismo y que sería dependiente del gobierno–.  El 22 de septiembre del 2018, el gobierno federal anunció una propuesta para cambiar la política que se aplica cuando se determina si ciertos inmigrantes podrían ser considerados una “carga pública” para efectos de inmigración. Si se adopta, esta propuesta impediría que algunos inmigrantes se conviertan en residentes permanentes (también conocido como obtener la tarjeta verde) u obtengan una visa si usan ciertos beneficios públicos o el gobierno federal cree que es probable que dependan de los beneficios públicos en el futuro.

Esta página contiene información general sobre los cambios propuestos a la política sobre cargas públicas, y cómo los residentes del Distrito pueden obtener más información y asistencia. La información a continuación se proporciona con fines de educación general y no es asesoramiento jurídico. Se alienta a cualquiera que crea que puede estar afectado por esta propuesta a que consulte con un abogado para obtener asesoramiento jurídico. Al final de estas preguntas frecuentes, hay una lista de organizaciones para contactar a fin de obtener asistencia legal.

¿Cuál es la prueba de “carga pública”? ¿Cómo cambiaría esta propuesta la prueba de “carga pública”?

La ley federal de inmigración permite que los funcionarios federales nieguen tarjetas de residencia y visas si descubren que un solicitante probablemente se convierta en una “carga pública”. Según la política actual, una “carga pública” es un inmigrante que es probable que dependa principalmente de asistencia en efectivo del gobierno para su sustento, o reciba atención institucional de largo plazo a expensas del gobierno. Por ejemplo, si más de la mitad de su ingreso proviene de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), usted sería considerado una “carga pública” según la política actual.

La norma propuesta impondría una nueva prueba de múltiples factores para determinar si es probable que una persona se vuelva una “carga pública”. La prueba propuesta redefiniría una “carga pública” como un inmigrante que ha recibido o es posible que reciba uno o más beneficios públicos especificados en cualquier momento en el futuro (Medicaid, subsidios para bajos ingresos de la Parte D de Medicare, asistencia federal para la vivienda y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). La prueba propuesta agrega también requisitos específicos de ingreso, salud, edad e incluso dominio del inglés.

La propuesta aumentaría significativamente el número de personas en riesgo de ser consideradas una “carga pública” y por lo tanto no elegibles para obtener tarjetas de residencia o visas.

Solo es una propuesta. No es una norma definitiva.

En este momento, esto es solo una propuesta para cambiar la política de cargas públicas que está actualmente vigente. Antes de poder concluir la norma propuesta, el gobierno debe analizar todos los comentarios sobre la misma, que son más de 215,000. Este proceso, junto con la posibilidad de que el Congreso revise la propuesta, puede retrasar la ultimación de la norma. El proceso podría llevar varios meses.

La propuesta no es retroactiva.

Enumera ciertos programas gubernamentales que, solo si se utilizan luego de que la norma sea definitiva, podrían ser tomados en cuenta en su contra al determinar si usted es una “carga pública”.

La norma propuesta podría contar en su contra el uso futuro de ciertos beneficios del gobierno en una determinación de “carga pública”. Si usted o los miembros de su familia están usando programas del gobierno actualmente para obtener atención médica o pagar alimentos o alquiler, usted no debe dejar de usar esos programas en este momento. Estos programas lo ayudan a usted y a su familia a permanecer saludables y capaces de trabajar y de ir a la escuela o hacer cualquier otra cosa que deba hacer ahora. La nueva norma propuesta enumera ciertos programas que, solo si una persona los usa después de que la norma se haga vigente, serán considerados al determinar si la persona probablemente se vuelva una “carga pública”.

En la prueba de “carga pública”, la norma propuesta no contará todos los beneficios públicos.

Si se adoptara, la mayor parte de la asistencia pública aún no se contaría en contra de un inmigrante. Ninguno de los siguientes beneficios públicos sería usado para evaluar si alguien es una “carga pública”:

  • Medicaid de emergencia o asistencia médica de emergencia,
  • El uso de una clínica de salud escolar o clínica de salud financiada públicamente,
  • La asistencia de salud pública para vacunas,
  • La ayuda de emergencia no monetaria de corto plazo para catástrofes,
  • El seguro de salud subsidiado comprado en DC Health Link,
  • El Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), 
  • Head Start u otros programas de comidas escolares o para después de la escuela,
  • Las escuelas públicas o asistencia para la educación, incluyendo los préstamos estudiantiles.
  • La asistencia energética,
  • Los vales de transporte o beneficios de transporte no monetarios.
  • Los beneficios no monetarios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), como cuidado y educación de niños y capacitación laboral,
  • Los beneficios recibidos por los miembros de su familia,
  • Cualquier programa no monetario de beneficios tribales, locales o estatales o cualquier otro programa de beneficios públicos no enumerado específicamente en la norma propuesta,
  • El uso de Medicaid, subsidios para bajos ingresos de la Parte D de Medicare, asistencia federal para viviendas y SNAP antes de que entre en vigencia una norma definitiva.

El uso del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) tampoco contaría contra usted, según la propuesta. No obstante, aún si la reglamentación final incluye a CHIP, el uso de CHIP antes de que una norma definitiva entre en vigencia no sería utilizada contra usted o sus hijos.

Los beneficios recibidos por miembros de la familia no amenazarían al estatus inmigratorio futuro de un inmigrante.

Según la norma propuesta, los beneficios recibidos por los miembros de la familia, incluyendo los hijos dependientes, no serán directamente un factor en una prueba de carga pública de un solicitante de visa o tarjeta de residencia. Por ejemplo, si la norma propuesta entra en vigencia, el gobierno no contará el uso de beneficios no monetarios por parte de un niño, como Medicaid o SNAP contra el padre o madre del niño al solicitar una tarjeta de residencia. Sin embargo, si los beneficios en efectivo del niño son la única fuente de sustento del padre o madre, eso podría afectar el hecho de que el padre sea considerado una “carga pública”. Además, si un niño o miembro de una familia es un inmigrante, su uso propio de beneficios cuenta hacia su propia determinación de “carga pública”. Asegúrese de hablar con un abogado de inmigración sobre su caso.

Los cambios propuestos en esta norma no se aplican a todos los inmigrantes.

Algunos inmigrantes no están sujetos a la prueba de “carga pública”. Ciertos inmigrantes están exentos de tener que mostrar que no es posible que se conviertan en una carga pública, o pueden calificar para una “exención” de ser considerado carga pública. Entre estos inmigrantes se incluye a los refugiados, a las personas que están solicitando o se les ha otorgado asilo (asilados), a las personas que solicitan una tarjeta de residencia bajo la Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés), crimen o tráfico de víctimas que han solicitado o están solicitando visas U o T, a menores que buscan estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes, y a las personas que estén bajo alguna de las otras categorías protegidas.

Si usted está en alguna de estas categorías, puede usar cualquier programa del gobierno para el que sea elegible —incluyendo ayuda en efectivo, atención de la salud, programas de alimentación y otros programas no monetarios— sin preocuparse de que el hacerlo dañe sus posibilidades de obtener una tarjeta de residencia.

La prueba de “carga pública” tampoco se aplica a las personas con tarjetas de residencia que soliciten renovación o soliciten convertirse en ciudadanos estadounidenses.

La situación de cada persona es diferente.

Para las personas que están buscando una visa o tarjeta de residencia en oficinas consulares fuera de los Estados Unidos, la política de “carga pública” ya ha cambiado. En enero de 2018, el Departamento de Estado de EE.UU. modificó su Manual de Asuntos Exteriores (FAM, por sus siglas en inglés) para establecer nuevas políticas sobre carga pública. El FAM proporciona orientación a los funcionarios del gobierno en las embajadas y consulados de EE.UU. que deciden si se otorga permiso a una persona para entrar al país.

Si usted está buscando obtener una visa para entrar a EE.UU., puede ser sometido a la prueba de carga pública en el FAM, y tendrá que mostrar por qué usted no debería ser considerado una persona que probablemente se vuelva una carga pública. Si usted es ciudadano estadounidense o residente permanente legal, obtener asistencia pública podría ser considerado en el caso de que usted esté patrocinando a un miembro de su familia que está solicitando una tarjeta de residencia desde fuera de los EE.UU. o necesita irse fuera del país a una entrevista consular antes de que le otorguen estatus de residente permanente.

Para obtener más información sobre esto, vea la publicación del Centro Nacional de Leyes Inmigratorias Cambios a las Instrucciones de  “Carga pública” en el Manual del Departamento de Estado de EE.UU.

Además, si usted tiene una tarjeta de residencia y viaja fuera del país durante más de seis meses, puede ser sometido a la prueba de carga pública cuando intente reingresar a EE.UU. Antes de salir del país, debe hablar sobre sus planes de viaje con un abogado de inmigración.

Aquellos que tienen preguntas deben consultar con un abogado de inmigración sobre sus casos individuales. Este directorio en línea puede ayudarlo a buscar organizaciones que proporcionen ayuda y asesoramiento jurídico https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/search?state=DC/

Ayuda

Las siguientes organizaciones ayudan a los inmigrantes que necesitan ayuda jurídica y otros servicios en el área de Washington D.C. Esta lista no es exhaustiva y es proporcionada solo para servir de orientación.

AYUDA
Oficinas de Washington, DC y Maryland 
6925B Willow Street NW, Washington, DC 20012
Teléfono: (202) 387-4848
Sitio web: http://www.ayuda.com

Oficina de Virginia
2701 Prosperity Ave, Suite 300, Fairfax, VA 22031
Teléfono: (703) 444-7009

Central American Resource Center (CARECEN)
1460 Columbia Road NW, Suite C-1, Washington, DC 20009
Teléfono: (202) 328-9799
Correo electrónico: info@carecendc.org
Sitio web:http://www.carecendc.org

 

Caridades Católicas de la Arquidiócesis de D.C. – Servicios Legales de Inmigración
Oficinas de Washington, DC
924 G Street NW, Washington, DC 20001
Teléfono: (202) 772-4352
Sitio web: https://www.catholiccharitiesdc.org/ils/
1618 Monroe Street NW, Washington, DC 20010
Teléfono: (202) 939-2420

Oficinas de Maryland
12247 Georgia Ave., Silver Spring, MD 20902
Teléfono: (301) 942-1790
201 E. Diamond Ave., 3er piso, Gaithersburg, MD 20877
Teléfono: (301) 740-2523

5859 Allentown Way, Temple Hills, MD 20748
Teléfono: (202) 772-4352 para programar una cita.

Caridades Católicas de la Diócesis de Arlington – Hogar, Servicios para los Inmigrantes
6301 Little River Turnpike, Suite 300, Alexandria, VA 22312
Teléfono: (703) 534-9805
Correo electrónico: hogar@ccda.net
Sitio web: https://www.hogarimmigrantservices.org

Just Neighbors (Servicios Legales de Inmigración)
7630 Little River Turnpike, Suite 900, Annandale, VA 22003
Teléfono: (703) 979-1240
Correo electrónico: info@justneighbors.org
Sitio Web: https://www.justneighbors.org

Legal Aid Justice Center
6066 Leesburg Pike, Suite 250, Falls Church, VA 22041
Teléfono: (703) 778-3450
Sitio web: https://www.justice4all.org

Northern Virginia Family Services
6400 Arlington Blvd., Suite 110, Falls Church, VA 22042
Teléfono: (571) 748-2806
Correo electrónico: info@nvfs.org
Sitio web: https://www.nvfs.org/our-services/immigration-legal-services