El Departamento de Vivienda y Justicia Comunitaria usa principalmente dos leyes en su trabajo para proteger a los residentes del Distrito: La Ley de Administración Judicial del Inquilino y la Ley de Mitigación de Molestias Relacionadas con Drogas, Armas de Fuego y Prostitución.

  • Bajo la Ley de Administración Judicial para Inquilinos, el Fiscal General puede pedirle a un juez nombrar a un Administrador Judicial para una propiedad cuando la negligencia crónica y la falta de reparación pongan en peligro la salud, la seguridad y la protección de los inquilinos. Un Administrador Judicial es un tercero neutral que toma el control de la propiedad, toma todas las decisiones relacionadas con su gestión y operación y se asegura de que se realicen todas las reparaciones necesarias. Debe tener experiencia administrando propiedades de alquiler y en ocuparse de las necesidades diarias de los inquilinos. Haga clic aquí para más información acerca de las la ley de administración judicial del inquilino.
  • Bajo el Estatuto de Mitigación de Molestias Relacionadas con Drogas, Armas de Fuego o Prostitución, el Fiscal General puede tomar acción legal contra los arrendadores de inmuebles que pongan en peligro a la comunidad al permitir que sus propiedades sean usadas para cierto tipo de actividades ilegales. Si un juez determina que una propiedad está siendo usada para vender, almacenar o fabricar drogas ilegales; para almacenar armas de fuego de forma ilegal; o para facilitar la prostitución; el juez tiene amplias facultades para llegar a una solución. Por ejemplo, la corte puede ordenar a un arrendador que instale cámaras de seguridad, contrate guardias de seguridad, agregue iluminación y prohíba que algunos visitantes entren a la propiedad. Al presentar estos casos, el Fiscal General ayuda a garantizar que los residentes de todos los niveles de ingresos, incluyendo aquellos que pueden tener recursos limitados para reubicarse, estén seguros en sus vecindarios. Haga clic aquí para más información acerca de las propiedades que causan molestias.

Problemas de Protección al Consumidor

La ley del distrito protege a los inquilinos de prácticas ilícitas por parte de los arrendadores como retención indebida de los depósitos de seguridad, cobro ilegal de tarifas por mora u honorarios de abogados, llamadas de acoso de cobradores, aumentos impropios de la renta y otras prácticas potencialmente engañosas. Los inquilinos pueden presentar quejas a la Oficina de Protección al Consumidor del Fiscal General. Las quejas se asignan a un mediador, quien contactará al arrendador para tratar de resolver el problema. En algunos casos, si una queja afecta a un gran número de inquilinos, el Fiscal General puede iniciar una investigación, interponer una acción judicial para detener la práctica y buscar restitución para los consumidores que han sufrido daños y pagos al Distrito por penalidades y costos.

Los consumidores con quejas contra sus arrendadores, o cualquier otra queja de consumidor, pueden contactar a la Oficina de Protección del Consumidor de la OAG a través de la Línea de Ayuda al Consumidor de la OAG en el (202) 442-9828, enviando un email a SocialJustice@dc.gov. o en línea usando el Formulario de Quejas del Consumidor de la OAG.

Indemnización para los Inquilinos

En cualquier contrato de arrendamiento, el arrendador se compromete a proporcionar una vivienda segura y habitable a los inquilinos. En algunos casos, la Oficina del Fiscal General puede tomar acción para responsabilizar a los propietarios bajo la Ley de Protección al Consumidor del Distrito por no cumplir su parte del contrato de arrendamiento. Si un tribunal determina que un arrendador ha defraudado o engañado a los consumidores, el arrendador puede verse obligado a pagar una indemnización a quienes han sufrido daños, así como también penalidades monetarias al Distrito. Para obtener más información acerca del trabajo de nuestra oficina para proteger a los consumidores, haga clic aquí.

Asociación Interinstitucional

Nuestra oficina trabaja de cerca con otras agencias del Distrito para proteger las viviendas seguras y asequibles en el Distrito, en particular con el Departamento del Consumidor y Asuntos Regulatorios y la Oficina del Defensor del Inquilino.

  • El Departamento del Consumidor y Asuntos Regulatorios y (DCRA) hace cumplir las leyes del Distrito que requieren que los arrendadores mantengan los apartamentos en condiciones seguras y habitables. Estas leyes se conocen de forma colectiva como "el código de la vivienda" del Distrito. Los inspectores del DCRA pueden emitir Notificaciones de Violaciones, ordenando a los arrendadores corregir las violaciones al código de la vivienda en un tiempo dado. El DCRA también impone multas y sanciones a los arrendadores que no corrigen las violaciones de manera oportuna.
     
  • La Oficina del Defensor del Inquilino (OTA) ayuda a los inquilinos que tienen disputas con los arrendadores, proporciona información acerca de los derechos y responsabilidades de los inquilinos y arrendadores y brinda asistencia técnica y legal para otras medidas, como entablar peticiones de inquilinos.