WASHINGTON, D. C. – El Fiscal General Karl A. Racine presentó ayer comentarios oponiéndose firmemente a una ley propuesta por la Administración Trump que podría forzar a miles de inmigrantes legales del Distrito y millones a nivel nacional a arriesgar su futuro estatus migratorio legal si acceden a servicios básicos para sí mismos y sus familias. El Fiscal General Racine presentó su propia carta de opinión y se adhirió a otros dos que se oponen a la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) de redefinir de manera radical lo que significa el término “carga pública” según la ley federal de inmigración. Los cambios propuestos harían más difícil para los inmigrantes venir a Estados Unidos de manera legal, y harían más difícil para los inmigrantes legales obtener el estatus de residentes permanentes, y podrían incluso causar la pérdida de la habilidad de trabajar legalmente a los que ya están aquí si usan ciertos programas de atención de la salud, vivienda y nutrición.

“La Administración Trump sigue su ataque implacable a los inmigrantes y ahora está apuntando a las personas que están en el país legalmente”, dijo el Fiscal General Racine. “En las cartas presentadas ayer, nos estamos agrupando con montones de ciudades y estados en la oposición a la redefinición radical del término “carga pública” de la Administración. Pondría obstáculos arbitrarios a la inmigración legal de individuos que, por el contrario, son autosuficientes y pondrá en peligro a decenas de miles de residentes del Distrito y millones de inmigrantes a nivel nacional”.

El 10 de octubre del 2018, el DHS propuso una nueva normativa, conocida como la Ley de Carga Pública, que cambiaría significativamente una política federal que ha existido por casi 20 años. La política actual permite al gobierno federal negar la entrada o la residencia permanente a los inmigrantes que es probable que se conviertan en “dependientes principalmente” de la asistencia pública— lo que la ley federal de inmigración ha llamado una “carga pública”. La propuesta de la Administración Trump volcaría décadas de práctica establecida al expandir ampliamente la definición de “carga pública”. Una vez que un inmigrante legal ha sido catalogado como “carga pública”, él o ella pueden volverse incapaces de solicitar con éxito una tarjeta verde o cambiar su estatus migratorio. Pueden incluso perder el derecho de permanecer en el país y trabajar legalmente. 

El Fiscal General Racine envió una carta de opinión oponiéndose a la ley propuesta por el DHS. También adjuntó una carta presentada por el Territorio Autónomo de Virginia y el Estado de Nuevo México en nombre de una coalición de 24 estados, y otra presentada por las ciudades de Chicago y Nueva York en nombre de una coalición de más de 30 municipalidades. En las cartas, el Fiscal General Racine y sus colegas sostienen que los cambios radicales a la definición de “carga pública” dificultarían en gran medida la inmigración legal al:

• Ampliar la lista de servicios de “carga pública” para que incluya los programas médicos, de nutrición y de vivienda : la propuesta ampliaría significativamente el alcance de los servicios que los funcionarios federales pueden considerar al determinar si es probable que alguien sea “principalmente dependiente” de la asistencia pública, hasta abarcar un amplio abanico de programas que utilizan decenas de millones de norteamericanos. Según la propuesta, los servicios incluirían no solo la asistencia en efectivo sino también Medicaid, el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y la asistencia de vivienda.
   
• Recortar el umbral monetario para que sea declarado una “carga pública”: la propuesta recortaría el umbral de dólares necesarios para declarar a alguien una posible “carga pública” hasta un punto tan bajo como $150 por mes en programas de asistencia. La política actual requiere que al menos el 51 por ciento del respaldo de un inmigrante provenga de asistencia en efectivo o que el inmigrante esté en atención médica de largo plazo a expensas de Medicaid.
   
• Exponer a los niños a que sean catalogados como “carga pública” si reciben seguro de salud federal: La propuesta podría exponer a los niños inmigrantes a ser catalogados como una “carga pública” si están inscritos en el Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés).

En La carta de opinión del Distrito, el Fiscal General Racine señaló que aproximadamente 100,000 de los 700,000 residentes del Distrito son inmigrantes. La carta menciona un estudio realizado por el Instituto de Política Fiscal del D.C. que calcula que, bajo las leyes actuales, aproximadamente el 1 por ciento de los residentes no ciudadanos del Distrito están en riesgo de ser catalogados como una “carga pública” inadmisible. Pero según la propuesta de Trump, casi un tercio de los residentes no ciudadanos del Distrito que están en el país legalmente estarían bajo riesgo de ser considerados una “carga pública” y, por lo tanto, no elegibles para permanecer de manera legal aquí o convertirse en residentes permanentes legales.

En la carta de opinión de los estados, el Fiscal General Racine y sus colegas sostienen que la ley propuesta será “desestabilizadora, discriminadora y causará daño a las poblaciones de inmigrantes y a los estados”, en particular con respecto a los costos de atención de la salud, que se espera que asciendan a medida que los inmigrantes eviten los programas de atención de la salud como Medicaid y en su lugar busquen atención de emergencia costosa. La ley propuesta también discriminaría a las personas con discapacidades y a las que no hablan inglés.

La carta de opinión del Fiscal General Racine sobre la ley propuesta está disponible en: http://oag.dc.gov/sites/default/files/2018-12/OAG-Public-Charge-Letter.pdf

La carta de opinión de los estados sobre la ley propuesta está disponible en:  http://oag.dc.gov/sites/default/files/2018-12/Attorneys-General-Public-Charge-Comment-Letter.pdf

La carta de opinión de las ciudades sobre la ley propuesta está disponible en: http://oag.dc.gov/sites/default/files/2018-12/Cities-Public-Charge-Letter.pdf