WASHINGTON, D. C. – Fiscal General Karl A. Racine anunció hoy que su oficina resolvió una demanda contra Unlimited Technology and Solution Corporation (UTS) y su propietario, Mardoqueo M. Sánchez, por haber proveido servicios ilegales de consultoría al inmigrante. El acuerdo de 250,000 dólares en este caso de fraude notarial proporcionará restitución a los consumidores en las comunidades de inmigrantes, así como sanciones civiles para el Distrito.
Bajo el acuerdo, UTS y Sánchez están obligados a devolver las tarifas que cobraron a los consumidores por los servicios de inmigración, que ascenderán a por lo menos 100,000 dólares. El acuerdo requiere que UTS y Sánchez cooperen con un procedimiento de reclamaciones que será llevado a cabo por la Oficina del Fiscal General de D.C. (OAG) para identificar a todos los consumidores que tienen derecho a recibir restitución bajo el acuerdo. El acuerdo también requiere que UTS y Sánchez paguen al Distrito 150,000 dólares en multas civiles, la mitad de las cuales el Distrito aceptó renunciar siempre y cuando UTS y Sánchez cumplan con los requisitos del acuerdo.
"Este tipo de fraude notarial tiende a no ser reportado porque los inmigrantes en el Distrito de Columbia muchas veces tienen miedo de presentarse, especialmente en el clima político actual", dijo el Fiscal General Racine. "Quiero que todos los residentes de DC, incluyendo a los inmigrantes indocumentados, sepan que OAG está aquí para proteger a todos los consumidores, y llevaremos ante la justicia a cualquier persona que atenta a causar daño a inmigrantes o a cualquier otro residente del Distrito."
En una demanda presentada en marzo de 2016, el Fiscal General Racine alegó que UTS y Sánchez se dirigían a comunidades en el Distrito que hablan español y les ofrecieron servicios ilegales de consultoría al inmigrante. A pesar de no tener abogados licenciados en su oficina, UTS anunció que empleó abogados que podrían ayudar en asuntos de inmigración, incluyendo obteniendo y preparando formularios de inmigración por una cuota. Esta práctica en los Estados Unidos se conoce como "notorary fraud," basado en la palabra “notario.” En muchos países latinoamericanos, la palabra “notario” denota un abogado o una persona cualificada para prestar servicios legales.
UTS y Sánchez perjudicaron a los consumidores cuando les proporcionó un asesoramiento legal incorrecto y no realizó adecuadamente los servicios de inmigración ofrecidos. Bajo la ley federal y la ley de fraude notarial recientemente promulgada por el Distrito, las personas que proporcionan servicios de consultoría de inmigración no pueden ayudar a los consumidores a obtener, preparar, o someter formularios de inmigración a menos que sean abogados licenciados. El Fiscal General Racine, junto con socios en el gobierno del Distrito y la comunidad, redactó e introdujo la nueva ley de fraude notarial en el Distrito.
Otros Términos del Acuerdo UTS
Desde el 15 de abril de 2016, UTS y Sánchez han estado sujetos a un mandato judicial preliminario que les ordenó dejar de causar daños a los consumidores mientras le demanda estaba pendiente. El acuerdo de hoy hace que el mandato judicial sea permanente para que:
UTS y Sánchez no pueden usar ningún lenguaje en los materiales de “marketing” para los consumidores que sugieren que ellos o sus empleados son abogados, incluyendo los términos "Lic.," "Licenciado," ”esquire,” ”attorney” o "abogado."
UTS y Sánchez no pueden utilizar el término "notario publico" a menos que Sánchez tenga una certificación de notario público válida y claramente y evidentemente incluya una declaración en todo el material de “marketing” indicando que UTS y Sánchez no son abogados y no pueden proporcionar servicios jurídicos.
Sánchez no podrá proporcionar servicios de inmigración a menos que lo haga bajo la supervisión de un abogado y cumpla con otros requisitos bajo la Orden Judicial.
“Quiero expresar mi profunda gratitud a todo nuestro personal y socios que ayudaron a asegurar que trajimos este caso exitosamente," dijo el Fiscal General Racine. "En particular, quiero dar las gracias a Anne Schaufele de AYUDA, que ayudó al Distrito en la identificación de los inmigrantes perjudicados en este caso, así como al Asistente del Fiscal General Richard Rodríguez y al Director de la Oficina de Protección del Consumidor Phil Ziperman por su excelente trabajo legal en traer y perseguir esta demanda."
Se adjunta una copia del acuerdo.
Los consumidores que han sido víctimas de fraudes de servicios de inmigración o que tienen preguntas, pueden comunicarse con la Oficina de Protección del Consumidor de OAG al (202) 442-9892, enviando un correo electrónico a consumer.protection@dc.gov o presentando una queja a través de nuestra forma en nuestro sitio de web.